La Escocia post-‘Brexit’

Lo que según Rajoy y el PP resulta inviable, resulta perfectamente posible sin una Constitución escrita en el caso de la relación interna entre Escocia e Inglarerra

Pasados más de dos años del referéndum escocés que rechazó la independencia de Escocia, el Reino Unido se aproxima a encauzar su salida de la Unión Europea, tras celebrarse en 2016 el referéndum sobre el ‘Brexit’, con resultados significativamente diferentes entre Inglaterra y Escocia respecto de la cuestión europea.

Siendo evidentes las diferencias políticas y jurídicas entre el Reino Unido y España, resulta llamativo el empeño del Gobierno español por evitar comparaciones, cuando lo natural es comparar situaciones diferentes. Normalmente nadie compara lo que es igual. Lo verdaderamente diferente entre ambas situaciones es la naturalidad política con que el Reino Unido ha planteado ambos procesos, con un doble alcance, interno y europeo, de importantes consecuencias en ambos ámbitos y claramente relacionados entre sí, a la vista de la evidente voluntad escocesa de permanencia en la UE.

En el ámbito interno, hay quienes habían advertido durante las últimas décadas de la escasa atención que el proceso europeo suscitaba en algunos sectores de Gran Bretaña. No, por cierto, en Escocia, donde se aboga abiertamente por su pertenencia en derechos y obligaciones a la Unión Europea. Este aspecto es central en la actualidad, dado que la inminente salida de la UE del Reino Unido justifica abiertamente la necesidad de consultar a la sociedad escocesa sobre su independencia, si consideramos que su demanda de pertenencia a la UE se mantiene constante y creciente en las últimas décadas y en la actualidad. Así lo ha ratificado el Parlamento escocés el 28-3-2017 solicitando un segundo referéndum sobre la independencia de Escocia.

La cuestión no es sencilla pero, particularmente en los ámbitos más conservadores del Reino Unido, se manifiesta como un auténtico reto o dilema que los políticos británicos y su sociedad quieren y necesitan dirimir ahora que han decidido salir de la UE por voluntad propia. Obviamente, en dicho proceso el papel de Escocia y su visión ante el ‘Brexit’ vuelve a ser fundamental si consideramos que Escocia quiere formar parte de la UE y sus ciudadanos son europeos en la actualidad a todos los efectos.

Como es conocido, el referéndum planteado en Escocia abogaba, claramente, por la integración de una Escocia independiente en la Unión Europea. Dado que el Reino Unido ha decidido ubicarse fuera de la UE, el choque político con la voluntad escocesa es inminente y requiere, también con naturalidad, el pronunciamiento de la sociedad escocesa como ha anunciado el Scottish National Party con la ratificación posterior del Parlamento de Edimburgo.

En cualquiera de las diferentes posibilidades abiertas, lo más adecuado es que la Unión Europea y sus instituciones se vayan preparando para cualquier eventualidad con el caso británico, evitando vetos absurdos y recordando que la ciudadanía de Escocia ostenta toda una serie de derechos y obligaciones como europeos que, además, quieren ver garantizados. La primera reunión entre Sturgeon y May no ha servido para atisbar avances, pero el mandato del Parlamento de Escocia solicitando un segundo referéndum es claro.

Frente a la opción de Rajoy por «hacerse el sueco» y mirar hacia otro lado, resulta innegable el interés que despierta el debate europeo mediante la democracia directa frente al habitual estoicismo británico del pasado o frente a la habitual negativa de otros estados para preguntar abiertamente a sus ciudadanos sobre cuestiones de rango constitucional e identidad política. Curiosamente, lo que, según Rajoy y el PP, resulta inviable e incluso delictivo en el caso vasco o catalán, bajo las reglas de una Constitución española redactada en 1978, resulta perfectamente posible sin una Constitución escrita y bajo reglas previas al colonialismo en el caso de la relación interna entre Escocia e Inglaterra, junto a la de ambas con la Unión Europea. Más bien parece que se trata de una cuestión de cultura democrática y visión de Estado por parte de una vieja democracia como la que gobierna Gran Bretaña desde hace siglos.

Los resultados del referéndum de 23-6-2016 sobre el ‘Brexit’ fueron significativos. En Inglaterra, un 53% votó por la salida de la UE y un 47% por seguir en la UE; en Escocia, el 62% votó por seguir en la UE y un 38% abogó por la salida. Los escoceses son titulares de derechos y obligaciones como ciudadanos comunitarios y quieren mantener dicha condición.

Creo que tanto al Reino Unido como a la Unión Europea, nos toca pronunciarnos en clave de democracia directa y abierta. Si todo lo anterior es natural en Gran Bretaña por razones de cultura democrática y, además, es respetado por la UE, no hay razón alguna para que se encuentre proscrito al sur de los Pirineos.

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