Xabier Ezeizabarrena

02 mar. El dislate de Garoña

La posible reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña en Burgos vuelve a poner de manifiesto la inexistente política energética española y las imprevisibles consecuencias de una decisión política carente del más mínimo rigor jurídico y técnico. Esta situación y el propio debate abierto sobre la crisis económica, la sostenibilidad, el modelo energético o la imprescindible protección de los recursos naturales vuelven a demostrarnos las importantes limitaciones derivadas de nuestro modelo de desarrollo. De momento, sobre la cuestión relativa a Garoña no existe motivación técnica o jurídica alguna por parte del Gobierno del Estado o del Consejo de Seguridad Nuclear, más allá de la estricta arbitrariedad del informe de este último organismo.

La cuestión nuclear y el inexistente debate real sobre el particular nos demuestran lo poco que importan las fronteras políticas que rodean las interacciones del medio ambiente, pues éste desborda nuestros límites territoriales y nos suele recordar la ineficacia de nuestras variadas fórmulas de prevención sobre daños en la atmósfera, en el suelo, en las aguas o en los mares. La cuestión se dificulta más en estos medios, donde nuestro margen de actuación en lucha con los elementos deja bien clara la desigual pelea que nos hemos obstinado en emprender contra la naturaleza durante siglos.

La problemática no es nueva sin que hasta la fecha existan visos de solución a un problema que la crisis global y la creciente demanda energética tampoco ayudan a solucionar. Al contrario, en el caso de Garoña seguimos sufriendo las consecuencias de prácticas políticas opacas, sin que el Estado sea capaz de manifestar reacción o mecanismo de transparencia y control alguno sobre una eventual decisión del Consejo de Seguridad Nuclear.

Este modelo opaco y carente de transparencia técnica y política se suele justificar en las necesidades energéticas y económicas, olvidando que la problemática nuclear sigue sin dar respuesta tecnológica a la imprescindible gestión de los residuos nucleares más allá de su mero almacenamiento. Con ello, subsiste una gran batalla política para dirimir los niveles de cumplimiento de los derechos de acceso público a la información ambiental, sobre lo cual hay quienes pretenden quedar exonerados gracias a los generosos límites de su soberanía, para huir de principios que supongan alguna injerencia en sus políticas energéticas. De facto, como es conocido, a nivel doméstico e internacional se ha formalizado un auténtico régimen jurídico y bursátil de comercio con los derechos de emisión de gases, por ejemplo. Este mercado es arbitrado entre los estados y las empresas que han agotado sus cupos y quienes mantienen todavía cierto margen de maniobra y mercado sobre las emisiones.

Al mismo tiempo, los países y regiones en vías de desarrollo llevan años soportando el impacto de estos gases en su biodiversidad, en sus actividades primarias y en sus economías en zonas dependientes de los sectores básicos, especialmente de la agricultura y la pesca. Su futuro lleva siglos ligada al impacto de un modelo que tiende a hipotecar el futuro de muchas sociudades. Como ejemplo reciente, los mares colindantes con la central de Fukushima en Japón llevan ya algún tiempo en barbecho pesquero a la vista de lo acontecido en los últimos años. Frente a ello, el dislate de Garoña demuestra que subsisten a nuestro alrededor políticas energéticas coyunturales, carentes de una mínima planificación estratégica sobre el sector energético.

El impacto global del dilema nuclear solamente puede intuirse en la distancia y minimizarse con políticas locales comprometidas y tecnológicamente contrastadas. Un reto que demanda acciones locales, junto con apuestas globales basadas en el acceso universal a la energía limpia, la solidaridad, la sostenibilidad real y la inversión en tecnología, innovación e investigación para hacer frente al futuro sin renunciar al propio presente, asegurando el suministro energético en condiciones de seguridad y equidad.

En este contexto, tanto Naciones Unidas como la Unión Europea debieran considerar replantear sus difusas posiciones sobre la cuestión nuclear. Es necesario que ambas instituciones se sobrepongan y pasen a ser instrumentos políticos activos en busca de alternativas energéticas eficaces.

Bien es cierto que para proteger el medio ambiente y los recursos que lo integran no basta con el Derecho. Sigue siendo necesaria una receta de compromiso de lo local a lo global para atajar los problemas desde su raíz y medir los resultados antes de la toma de decisiones globales.

La reapertura de una central nuclear no debería convertirse en una decisión política arbitraria, carente del debido rigor técnico. De lo contrario, la evidente ausencia de un modelo energético y una planificación corre el riesgo de no dar una sola respuesta técnica y jurídica a situaciones como la de Garoña, para perpetuar, en contra de amplias mayorías, un modelo energético insostenible y arbitrario.