Xabier Ezeizabarrena

02 ene. Ante un creciente extremismo global

Como todos sabemos, el disparate político en Estados Unidos se llama Donald Trump y preside el gigante americano. Siendo esto preocupante, resulta tanto o más grave que detrás de su pensamiento político existan varios millones de personas apoyando ‘políticas’ extremistas y carentes de rigor o pensamiento político alguno. Más al Sur, en Brasil, el triunfo de Bolsonaro con similares recetas, ha ampliado el espectro de preocupación en un país con un peso tradicional del progresismo que ha preferido ahora refugiarse en la más rancia ultraderecha. En el ámbito europeo, proliferan corrientes políticas similares: Orbán en Hungria, Salvini en Italia, las crecientes ultraderechas en Polonia, Holanda, Austria o Francia o la irrupción de Vox en España son algunos ejemplos.

De las propuestas más descarnadas de estas corrientes y sus seguidores sobresale la reducción de lo público, la categorización de las personas en diferentes niveles de derechos y, como no, la eliminación selectiva de las obligaciones que todos tenemos como personas. En estos modelos extremos, derechos y obligaciones no caminan de la mano, puesto que el cumplimiento y desarrollo de los Derechos Fundamentales dependen de otras variables como la nacionalidad, los ingresos o el pensamiento político, entre otras cuestiones.

Frente a ello es imprescindible mantener una visión fuerte de las Administraciones Públicas como garante de los derechos y servicios; es preciso reconocer que las conquistas sociales y políticas en forma de derechos, y especialmente en relación con los Derechos Humanos, traen consigo la asunción de una serie de obligaciones. Éstas se relativizan para las corrientes de ultraderecha, en función de variables personales, de género, raza, ideológicas o dependientes de la nacionalidad de cada persona.

Un ejemplo de este fenómeno es visible en la protección del derecho a la libertad de expresión, especialmente de la libertad de prensa e información. Tan importante como su protección a través de las Administraciones Públicas, es considerar que tal derecho implica obligaciones positivas y negativas para todos. Obligaciones que implican límites, para no permitir ejercicios abusivos del derecho o que puedan quebrantar los derechos de terceros, su dignidad o su intimidad personal y familiar. Frente el discurso de muchas sociedades que quieren mantener y aumentar sus derechos en este ámbito, Trump y otros abogan por limitar el mismo castigando directamente a los medios no afines ideológicamente.

Otro ejemplo es el de la protección ambiental o las políticas contra el cambio climático. Si la protección del medio ambiente genera una serie de obligaciones para las Administraciones Públicas, ello implica también obligaciones para cada uno de nosotros, empezando por comportamientos individuales y colectivos que reduzcan nuestros impactos ambientales. El actual Gobierno de los Estados Unidos rechaza tales planteamientos y plantea incumplir los compromisos internacionales previamente alcanzados en la materia.

El debate sobre las obligaciones públicas y ciudadanas es un imperativo político y social. La sociedad debe implicarse, activamente, en la sostenibilidad real de los servicios públicos. Frente a ello, el Gobierno de Estados Unidos y otras corrientes neoconservadoras o de ultraderecha abogan por la paulatina reducción de la Administración y sus servicios públicos básicos. Una vez más, el problema no es la política que lideran Trump, Bolsonaro, Orbán y compañía, si no el hecho de que millones de personas en muchas sociedades secunden la misma y aboguen por reducir derechos y obligaciones.

Ante estos fenómenos, y especialmente desde la UE, es necesario que el sostenimiento de docenas de servicios públicos requiera de compromisos de los ciudadanos a la hora de su mantenimiento y de su sostenibilidad. No es posible pedir los mismos esfuerzos, en ese sentido, a un joven de economía desahogada que a una familia con una situación de desamparo. La Administración, con criterios de equidad, debe abordar estas situaciones de forma equitativa pero diferenciada. Siendo consciente de que su tarea no es, exclusivamente, la de prestar servicios y garantizar derechos a diestro y siniestro, si no, también, la de encontrar en el tejido social a una ciudadanía responsable que colabore en el logro de comunidades cohesionadas que no dejen a nadie en la estacada. El Estado del bienestar también ha de ser sostenible con la colaboración de la sociedad, ante modelos de injusticia social y vacío ideológico como el que defiende la ultraderecha.

Para garantizar una sociedad con derechos y obligaciones los ciudadanos tenemos que ser conscientes de que la Administración Pública no es un Ave Fénix’ que todo lo puede, cuyos servicios gratuitos se extienden sin límite. La Administración Pública debe garantizar y fomentar, lógicamente, los Derechos Fundamentales de los ciudadanos en su totalidad, así como los servicios públicos básicos que constituyen la sanidad, la educación, el transporte, la gestión de las emergencias, el acceso a la energía, la seguridad, el acceso a la cultura, la protección ambiental o el acceso a la vivienda pública en alquiler y tantos otros de importancia singular. Mientras tanto, existen algunos otros ‘servicios públicos’ cuyo mantenimiento es perfectamente discutible en base a criterios económicos, de sostenibilidad y de obligaciones sociales. En resumen, frente a los falsos paradigmas de Trump, la ultraderecha y sus millones de seguidores, Europa debe apostar por fomentar un tejido público con derechos y obligaciones que contribuyan a fortalecer nuestros servicios públicos y nuestros niveles de protección social. La preocupación no deriva sólo de la existencia de una fuerte ultraderecha, si no de sus millones de ingenuos acólitos, incluidos varios millones de europeos. En palabras de Churchill, «la democracia es el peor de los regímenes, excluidos todos los demás». Se trata de fortalecerla y no de debilitarla como pretende cualquier extremismo.