Xabier Ezeizabarrena

23 abr. Detrás de Le Pen, Zemmour y otros…

El último disparate de moda en Francia se llama Eric Zemmour y aunque su extremismo de derechas no compite ya para la carrera presidencial, parte de sus seguidores pueden votar a Marine Le Pen, cuyas políticas de extrema derecha vienen siendo disfrazadas en esta campaña. Si esto es preocupante, resulta más grave que detrás de su pensamiento existan unos cuantos millones de personas apoyando ‘políticas’ populistas y carentes de rigor o pensamiento político alguno. Entre las propuestas más descarnadas de Le Pen y Zemmour sobresale la sistemática reducción de lo público, la categorización de las personas en diferentes niveles de derechos y la eliminación selectiva de las obligaciones que todos tenemos. En este modelo, derechos y obligaciones no caminan de la mano, puesto que el cumplimiento de los Derechos Fundamentales dependen de variables como la nacionalidad, los ingresos o el pensamiento político, entre otras.

Junto con una visión fuerte de la Administración como garante de los derechos y servicios, es preciso reconocer que las conquistas sociales y políticas en forma de derechos, y especialmente en relación con los Derechos Humanos, traen consigo la asunción de obligaciones. Éstas se relativizan para Le Pen y Zemmour, en función de variables personales, de género, raza, ideológicas o de nacionalidad y siempre en contra del modelo europeo de valores.

Un ejemplo de lo anterior se corresponde con la protección del derecho a la libertad de expresión, especialmente de la libertad de prensa e información. Tan importante como la protección del mismo a través del Estado, es la constatación de que tal derecho implica obligaciones para todos. Obligaciones que suponen límites para no permitir ejercicios abusivos del derecho o que puedan quebrantar los derechos de terceros, su dignidad o su intimidad personal y familiar, entre otros. Ante el discurso de muchas sociedades que quieren mantener y, en su caso, aumentar sus derechos en este ámbito, Le Pen y Zemmour abogan por limitar el mismo castigando a los medios no afines ideológicamente o a quienes pretendan ejercer dichas libertades.

Otro ejemplo a subrayar es el de la protección ambiental o las políticas contra el cambio climático. Si la protección del medio ambiente genera una serie de obligaciones para las Administraciones públicas, ello implica, obligaciones para cada uno, empezando por comportamientos individuales y colectivos que reduzcan nuestros impactos ambientales. Marine Le Pen ha rechazado de plano tales postulados y plantea incumplir abiertamente los compromisos internacionales previamente alcanzados en la materia, incluidos los asumidos por Francia como miembro de la UE.

La cuestión relativa a las obligaciones públicas y ciudadanas es un imperativo de sentido común. No es posible mantener un Estado si la sociedad no se implica en la sostenibilidad real de los servicios públicos. Frente a ello, Le Pen y otras corrientes neo-conservadoras abogan por la paulatina reducción de la Administración y sus servicios públicos básicos. Una vez más, el problema no es solo la política sino el hecho de que millones de personas secunden la misma.

Frente a lo anterior y, desde Europa, es necesario asumir que el sostenimiento de muchos servicios públicos requiere compromisos por parte de los ciudadanos para su mantenimiento y sostenibilidad. Es necesario reconocer que no es posible pedir los mismos esfuerzos a un joven de economía desahogada que a una familia en situación de desamparo. La Administración debe abordar estas situaciones de forma equitativa. Eso sí, siendo consciente de que su tarea no es, exclusivamente, la de garantizar derechos a diestro y siniestro, sino también, la de encontrar en el tejido social a una ciudadanía responsable que sea colaboradora en el logro de una comunidad fuerte que no deje a nadie en la estacada. El Estado del bienestar también ha de ser sostenible con la colaboración de la sociedad, ante modelos de injusticia social como el que propugna Le Pen.

El reto de garantizar una sociedad con derechos y obligaciones implica, también, que los ciudadanos seamos conscientes de que la Administración Pública no es un Ave Fénix que todo lo puede. Pero debe garantizar y fomentar los Derechos Fundamentales de los ciudadanos en su totalidad. En resumen, frente a los falsos paradigmas de Le Pen y Zemmour, Europa debe fomentar un tejido público con derechos y obligaciones que contribuyan a fortalecer nuestros servicios públicos y nuestros niveles de protección social. El problema no es solo la actual candidata a presidir Francia, si no sus millones de ingenuos ‘creyentes’ en el corazón de la UE y en algunos otros lugares no muy lejanos.