Xabier Ezeizabarrena

16 jun. Detrás de Trump

Frente a los falsos paradigmas del presidente de EE UU y de sus seguidores, Europa debe apostar por fomentar el tejido público

El disparate de moda en Estados Unidos se llama Donald Trump y preside sin complejos el gigante americano. Siendo esto preocupante, resulta tanto o más grave que detrás de su pensamiento político existan varios millones de personas apoyando ‘políticas’ populistas y carentes de rigor o pensamiento político alguno. Entre las propuestas más descarnadas de Trump y sus seguidores sobresale la sistemática reducción de lo público, la categorización de las personas en diferentes niveles de derechos y, cómo no, la eliminación selectiva de las obligaciones que todos tenemos como personas. En el modelo de Trump, derechos y obligaciones no caminan de la mano, puesto que el cumplimiento y desarrollo de los derechos fundamentales dependen de otras variables como la nacionalidad, los ingresos o el pensamiento político, entre otras consideraciones.

Junto con una visión fuerte de la Administración como garante de los derechos y servicios, es preciso reconocer que las conquistas sociales y políticas en forma de derechos, y especialmente en relación con los derechos humanos, traen consigo la asunción de una serie de obligaciones. Éstas se relativizan para Trump, en función de variables personales, de género, raza, ideológicas o dependientes de la nacionalidad de cada persona.

Un ejemplo de lo anterior se corresponde con la protección del derecho a la libertad de expresión, especialmente de la libertad de prensa e información. Tan importante como la protección del mismo a través del Estado o las administraciones públicas es la constatación de que tal derecho implica obligaciones positivas y negativas para todos. Obligaciones que suponen límites, para no permitir ejercicios abusivos del derecho o que puedan quebrantar los derechos de terceros, su dignidad o su intimidad personal y familiar, entre otros. Ante el discurso de muchas sociedades que quieren mantener y, en su caso, aumentar sus derechos en este ámbito, Trump aboga por limitar el mismo castigando directamente a los medios no afines ideológicamente o a quienes pretendan ejercer esas libertades.

Otro ejemplo a subrayar es el de la protección ambiental o las políticas contra el cambio climático. Si la protección del medio ambiente genera una serie de obligaciones para las administraciones públicas, ello implica, igualmente, obligaciones para cada uno de nosotros, empezando por comportamientos individuales y colectivos que reduzcan nuestros impactos ambientales de
diversa naturaleza. El Gobierno de Estados Unidos ha rechazado de plano esos planteamientos y decide incumplir abiertamente los compromisos internacionales previamente alcanzados en la materia.

La cuestión relativa a las obligaciones públicas y ciudadanas es un imperativo de la propia lógica. No es posible mantener un Estado y una Administración si la sociedad no se implica, activamente, en la sostenibilidad real de los servicios públicos. Frente a ello, el Gobierno de Estados Unidos y otras corrientes neoconservadoras abogan por la paulatina reducción de la Administración y sus servicios públicos básicos. Una vez más, el problema no es solo la política que lidera Trump, sino el hecho de que millones de personas secunden la misma y aboguen por reducir derechos y obligaciones.

Frente a lo anterior y, especialmente desde Europa, es necesario asumir que el sostenimiento de docenas de servicios públicos requiere asumir compromisos por parte de los ciudadanos a la hora de su mantenimiento, uso y sostenibilidad. Es necesario reconocer que no es posible pedir los mismos esfuerzos, en tal sentido, a un joven de economía desahogada que a una familia con una situación de desamparo. La Administración, con criterios de equidad, debe abordar estas situaciones de forma equitativa pero diferenciada. Eso sí, siendo consciente de que su tarea no es, exclusivamente, la de prestar servicios y garantizar derechos a diestro y siniestro, sino, también, la de encontrar en el tejido social a una ciudadanía responsable que colabore en el logro de una comunidad fuerte que no deje a nadie en la estacada. El Estado del Bienestar, por tanto, también ha de ser sostenible con la colaboración de la sociedad, ante modelos de injusticia social y vacío ideológico como el que propugna Donald Trump.

El reto de garantizar una sociedad con derechos y obligaciones implica, también, que los ciudadanos seamos conscientes de que la administración pública no es un Ave fénix’ que todo lo puede, cuyos servicios gratuitos se extienden sin límite. La administración pública debe garantizar y fomentar, lógicamente, los derechos fundamentales de los ciudadanos en su totalidad, así como los servicios públicos básicos que constituyen la sanidad, la educación, el transporte, la gestión de las emergencias, el acceso a la energía, la seguridad, el acceso a la cultura, la protección ambiental, el acceso a la vivienda en alquiler y tantos otros de importancia singular. Mientras tanto, existen algunos otros ‘servicios públicos’ cuyo mantenimiento es perfectamente discutible en base a criterios económicos, de sostenibilidad y de obligaciones sociales.

En otras palabras, frente a los falsos paradigmas de Trump y de sus seguidores, Europa debe apostar por fomentar un tejido público con derechos y obligaciones que contribuyan a fortalecer los servicios públicos y niveles de protección social. El problema no es solo el actual presidente de EE UU, sino sus millones de ingenuos ‘creyentes’, incluidos varios millones de europeos.