Xabier Ezeizabarrena

17 sep. Sobre la crisis de la democracia

Asistimos durante los últimos tiempos a un fenómeno de crisis en las democracias modernas. Siendo consciente de las dificultades, es objeto del presente artículo desbrozar algunas de las razones y perspectivas a superar que, en mi opinión, han traído al mundo occidental a esta grave situación con algunos perfiles comunes y notables riesgos para elementos centrales de los valores democráticos internacionales como los Derechos Humanos, entre otros.

En palabras de D. INNERARITY, “desde Trump, el Brexit y Vox parece que estamos condenados a las sorpresas políticas, esos “accidentes normales” (Charles Perow) que no obedecen ni a la causalidad ni a la casualidad sino que forman parte de una nueva lógica que está todavía por explorar. El resultado de todo ello es la constitución de un público con la atención dispersa, la confianza dañada y en continua excitación”, (“El año de la volatilidad”, El País, 30-12-2018).

El caso de la democracia española no deja de ser significativo. Según V. LAPUENTE, “si se deteriora al nivel no ya de Polonia o Hungría, sino simplemente de Italia, las opciones de recobrar una vida democrática sana serán difíciles”. (…). La ley de hierro de los populismos es que, tras un líder electo que, para rescatar al país de una crisis, desprecia a la clase política y coquetea con discursos populistas, viene otro líder todavía más populista”, (“Cómo salvar nuestra democracia”, El País, 19-3-2019).

Una de las democracias más relevantes en distintos aspectos es la de Estados Unidos, hoy presidida por D. Trump, cuyos valores democráticos resultarán, como poco, discutibles, a ojos de cualquier observador imparcial. Siendo esto preocupante, resulta tanto o más grave que detrás de su liderazgo existan millones de personas apoyando “políticas” extremas y carentes de rigor o pensamiento humanista alguno. En Brasil, el triunfo de Bolsonaro con recetas similares, ha ampliado el espectro de preocupación en un país con un peso del progresismo que ha preferido ahora refugiarse en la más rancia ultraderecha.

En el ámbito europeo, también proliferan corrientes similares: Orbán en Hungria, Salvini en Italia, las crecientes ultraderechas en Polonia, Holanda, Austria o Francia, o la irrupción de “Vox” en España son ejemplos, cuyas “políticas” se sustentan en un fenómeno de creciente desconcierto o alarmante contaminación informativa. De sus propuestas más descarnadas sobresale la reducción de los ámbitos de las políticas públicas, la categorización de las personas en diferentes niveles de derechos y, como no, la eliminación selectiva de las obligaciones. En estos modelos extremos, derechos y obligaciones no caminan de la mano, puesto que el cumplimiento de los Derechos Humanos depende de otras variables como la nacionalidad, los ingresos o la ideología, entre otras.

Frente a lo anterior, es imprescindible mantener una visión fuerte de las Administraciones Públicas como garante de derechos y servicios; es preciso reconocer que las conquistas sociales en forma de derechos y, especialmente, en relación con los Derechos Humanos, traen consigo la asunción de una serie de obligaciones. Éstas se relativizan para las corrientes de ultraderecha, en función de variables políticas personales, de género, raza, ideológicas o dependientes de la nacionalidad.

Un ejemplo es visible en la protección del derecho a la libertad de expresión, la libertad de prensa e información. Tan importante como su protección es considerar que tal derecho implica obligaciones para todos. Obligaciones que suponen límites, para no permitir ejercicios abusivos del derecho o que puedan quebrantar los derechos de terceros, su dignidad o su intimidad. Frente el discurso de muchas sociedades que quieren aumentar sus derechos en este ámbito, Trump y otras corrientes abogan por limitar el mismo castigando directamente a los medios no afines.

Un segundo ejemplo es el de la protección ambiental. Si la protección de la naturaleza genera una serie de obligaciones para las Administraciones, ello implica también obligaciones para cada uno de nosotros, empezando por comportamientos individuales y colectivos que reduzcan nuestro impacto ambiental. El actual Gobierno de los Estados Unidos rechaza tales planteamientos y plantea incumplir los compromisos internacionales alcanzados en la materia.

El debate sobre las obligaciones ciudadanas es un imperativo político y social ante la crisis de la democracia. La sociedad debe implicarse, activamente, en la sostenibilidad real de los servicios públicos. Frente a ello, el Gobierno de Estados Unidos y otras corrientes extremistas abogan por la reducción de la Administración y sus servicios. El problema no son las políticas que lideran Trump, Bolsonaro, Orbán y compañía, si no el hecho de que millones de personas las secundan.

En España este fenómeno está ligado a lo que I. SANCHEZ CUENCA ha denominado la “desfachatez intelectual” (Catarata, 2016). Frente a lo cual, M. ORTEGA subraya la importancia de procurar “la contribución de la inteligencia a la política”, (“Europa, un espacio de futuro en medio del pasado”, Gobierno Vasco, Pentsamendu Taldea nº 20, 2009, págs. 20 y ss.).

En términos similares, F. LONGO alude a la necesidad de garantizar la “calidad de la representación política”, tanto en el sistema de partidos políticos como en los parlamentos, (“Los principales atributos de la gobernanza en las democracias avanzadas”), Gobierno Vasco, Pentsamendu Taldea nº 27, 2009, págs. 16 y ss.).

Frente a los falsos paradigmas de Trump, la ultraderecha, el populismo y sus millones de seguidores, Europa debe apostar por fomentar un tejido público con derechos y obligaciones que contribuyan a fortalecer nuestros servicios públicos y nuestra protección social. La preocupación no deriva sólo de la existencia de una fuerte ultraderecha y de la proliferación de populismos, si no de sus millones de ingenuos seguidores, incluidos millones de europeos.

En palabras de Churchill, “la democracia es el peor de los regímenes, excluidos todos los demás”. Se trata de fortalecerla y no de debilitarla como pretende cualquier extremismo. La nueva legislatura del Parlamento Vasco puede y debe contribuir a este proceso con ayuda de todo el sistema institucional vasco, incluidas las Juntas Generales.