Xabier Ezeizabarrena

16 ots. Europa ante su espejo

Resulta llamativo que buena parte de Occidente, incluso la UE, se niegue a votar favorablemente la codificación del derecho de los pueblos a la paz, mientras los países en desarrollo continúan con su reclamación ante la ONU.

El derecho fundamental a la vida de las personas es el primero de los Derechos Humanos a partir del cual se desarrollan los restantes. Entre otros, el derecho de asilo es uno de los más relevantes. En un mundo lleno de conflictos, el vínculo existente entre el derecho a la vida, el derecho de asilo y el recientemente denominado derecho a la paz es un factor relevante. La globalización económica ha asegurado la libre circulación de capitales en buena parte del mundo sin globalizar los derechos de las personas. Y con ello, el mundo sigue asistiendo a distintas situaciones de violencia, crisis humanitaria y parálisis política. Entre los avances más recientes, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU viene desarrollando una propuesta de codificación del denominado «derecho de todos los pueblos a la paz» como un derecho fundamental inherente a la dignidad humana. Resulta llamativo que buena parte de Occidente, incluso la Unión Europea (UE), se niegue a votar favorablemente la codificación del derecho de los pueblos a la paz, mientras los países en desarrollo continúan con su reclamación ante la ONU. Mientras esto sucede, de acuerdo con los estudios de la ONU y su último informe sobre desarrollo humano, el 20% de la humanidad, esto es, Occidente, ostenta el 80% de la riqueza y recursos. El restante 80% de la humanidad tiene que conformarse con el 20% de la riqueza y los recursos existentes. El 94% de toda la investigación y la tecnología se encuentran en manos occidentales. Un contexto delicado sobre el que se asienta una cuota parte de nuestro bienestar a costa de hipotecar el planeta y el futuro de millones de personas que son titulares de derechos y que piden auxilio y asilo político en las fronteras de la UE.

En este contexto es necesario considerar que la globalización no está exenta de problemas estructurales que deberíamos abordar con solidaridad colectiva. Si los mecanismos del mercado logran dirigir nuestros destinos, la economía acabará -si no lo hace yadictando sus normas a la sociedad y no al revés. Llegará un momento en que la democracia será irreconocible y los valores de los Derechos Fundamentales desaparecerán. Serán algo superfluo que el mercado devorará sin contemplaciones.
Sin límites, la globalización económica es un gigante dispuesto a imponerse a nuestros sistemas políticos. Por ello, la ONU y la UE debieran reconducirse hacia el logro de la justicia y la paz. Con ello, han de contribuir a que el Derecho y la Justicia se globalicen junto con los Derechos Humanos. La vinculación de la paz, el derecho de asilo y el derecho a la vida de las personas es indiscutible en un plano puramente teórico, pero también en la práctica como estamos viendo durante estos meses.
En primer término, porque la mayor amenaza para el derecho a la vida en el mundo viene representada por las situaciones bélicas y de sometimiento de pueblos y personas por la fuerza. La guerra, incluso la amenaza con una acción bélica, es incompatible con la garantía del derecho a la vida de todas las personas. Sin embargo, el Derecho Internacional es variado a la hora de hacer matices y distinciones, acerca de aquellas intervenciones bélicas que, desde la perspectiva de la ONU, se desarrollan en defensa de la paz.

Tanto es así, que se mantiene como legítimo el ejercicio del derecho de defensa de aquellos estados que vean amenazada su soberanía. Estas cuestiones siguen vigentes en el Derecho Internacional e ilustran, desde mi punto de vista, la deriva en la protección del derecho a la vida de todos, frente a la capacidad de algunos para ejercer cotas de violencia sobre terceros en nombre del principio de soberanía, pero soslayando la garantía de los Derechos Humanos universalmente reconocidos, incluido el derecho de asilo. Así, tanto el Derecho Internacional como los Derechos internos reservan el monopolio del uso de la violencia a los estados soberanos. Sin embargo, este principio del Derecho asentado en la historia no guarda sentido ni proporcionalidad con un mundo que ha superado el colonialismo y que dice haber adoptado como seña de identidad política y jurídica la protección integral de los Derechos Humanos. Entre otras razones de calado porque son los propios estados los que deberían desarrollar sus funciones de garantía de los derechos de las personas y no al revés.

Son los propios Derechos Humanos los que actúan como pilar de la democracia; es la Administración la que se encuentra al servicio de las personas y sus derechos como ente instrumental de defensa del interés general. Por ello, ninguna soberanía puede situarse al margen de los Derechos Humanos de todas las personas sin distinción.

De no ser así, nuestros Derechos Fundamentales acabarían supeditados a la libre decisión del sistema internacional o de un estado concreto. Europa, en su larga historia, ha sabido reaccionar sobre lo anterior para mirarse al espejo con dignidad y una mínima coherencia. Sin embargo, a día de hoy, parece que el espejo europeo es más opaco que nunca.