Xabier Ezeizabarrena

20 uzt. Repensando nuestro futuro común

En los difíciles tiempos que vivimos, tanto en Euskadi como en Gipuzkoa necesitamos repensar nuestro modelo de sostenibilidad para garantizar el futuro en los tres pilares del desarrollo sostenible: económico, social y ambiental. Más si cabe en un contexto de crisis sanitaria y económica como el actual. A tal fin, subsisten en nuestro contexto, como en el resto del planeta, una serie de retos pendientes irrenunciables. Es por ello vital el esfuerzo de todas las Administraciones para dedicar reflexiones y políticas reales a nuestro futuro común, especialmente a la luz del impacto que está dejando el Covid-19. Tampoco debemos obviar el elevado índice de abstención del 47% en las recientes elecciones al Parlamento Vasco.

Necesitamos enfrentarnos a cambios constantes para adaptarnos al devenir de la pandemia, a las demandas sociales y al complicado objetivo político que supone avanzar hacia un desarrollo sostenible. La problemática que viven nuestras sociedades resulta compleja, tanto por el carácter técnico de las cuestiones abordadas, como por el gran número de sujetos individuales y colectivos cuyas vidas se ven directamente afectadas. Para el Profesor R. Martín Mateo (uno de los ambientalistas pioneros en el mundo), «los investigadores de las Ciencias de la Naturaleza han constatado que efectivamente la tierra es un cuerpo astral con positivas características para la aparición de la vida, y su posterior evolución. Lo que se debe en primer lugar a la favorable posición de nuestro planeta, en relación con el Sol, su fuente de energía, lo suficientemente próximo y lejano a su envoltura gaseosa, lo que ha determinado la biosfera, que evidentemente es única, interrelacionada y ajena a jurisdicciones nacionales y celosas soberanías»,  (‘La revolución ambiental pendiente’, Universidad de Alicante, 1999).

Algunas de estas consideraciones son las que pueden determinar una aproximación a la sostenibilidad real de nuestras sociedades. La pretensión que aquí tan sólo se pretende apuntar es la de afrontar un reto de análisis sobre el cambio advertido en las necesidades sociales, locales y globales, en el ámbito concreto de la sostenibilidad del que depende nuestro futuro común. Ello guarda directa relación con algunos de los conflictos y sus implicaciones sobre la sostenibilidad local y global de nuestras decisiones públicas. También con nuestra propia cultura y nuestros modelos de consumo, muchas veces insostenibles. En este sentido, el tiempo viene demostrando un cambio sustancial en la percepción de los problemas y su hipotética resolución, de modo que cuando el conflicto ambiental, social y/o económico afecta a un gran número de sujetos con tipologías y circunstancias heterogéneas, la resolución del mismo demanda la necesidad de trascender más allá de los límites y fronteras artificiales que han trazado nuestra historia y nuestros sistemas jurídicos.

La experiencia nos enseña que la búsqueda de la sostenibilidad necesita sacrificios, acuerdos, negociaciones, incluso entre los sectores público y privado. Ello no es posible sin apostar por la sostenibilidad real en cada una de las decisiones y departamentos en el contexto local, nacional o global. De hecho, el logro de la sostenibilidad bien puede llegar a ser la vía de consenso colectivo que tanto la sociedad como el medio y sus recursos demandan. Es esta, en parte, la reflexión que subyace en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU para repensar y mejorar nuestro ya agotado modelo de desarrollo.

Este puede ser uno de los parámetros de modernización en la resolución de los conflictos que nos rodean, donde las relaciones jurídicas entre gobiernos y sociedad exigen, cada día más, un esfuerzo de adaptación a los cambios. Para ello, resulta imprescindible que las Administraciones Públicas, en su conjunto, asuman e interioricen la integración de la sostenibilidad real en todos los departamentos y áreas de actuación política y administrativa.

El propio ordenamiento jurídico es claro, sosteniendo la necesidad de que las Administraciones Públicas protejan fielmente el medio ambiente y sus recursos. En ello se encuentra implícita la obligación de garantizar derechos y exigir las obligaciones correspondientes en un mundo cambiante del que todos somos corresponsables en función de nuestras actividades. La juventud y el sistema educativo son centrales en este proceso. En este último ámbito, creo que debemos dejar algún hueco para la autocrítica y repensar nuestra creciente dependencia ‘educativa’ de internet.

En este ámbito de reflexión, nuestra sociedad debería enfrentarse a dichos retos sin renunciar a su identidad política, histórica, social y cultural, pero garantizando el futuro de las generaciones venideras. El reto bien lo merece, tanto como aquellos que, lejos de nosotros, no han tenido siquiera la fortuna de poder pensar en lo que significa desarrollarse sin comprometer el presente y el futuro de sus congéneres.