Ante el fracaso del derecho internacional

El derecho fundamental a la vida de las personas es el primero de los Derechos Humanos a partir del cual se desarrollan los restantes. Entre diversos preceptos internacionales, Rusia ha decidido vulnerar abiertamente el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas y, con ello, los derechos de millones de ucranianos tras la invasión del país. Sobre el particular, resulta brillante el análisis publicado en estos días por el catedrático, Iván Igartua, ‘Armas en los labios: Putin y la insoportable tergiversación de la historia’ (Revista Campusa, UPV/EHU, 3-3-2022).

En un mundo lleno de conflictos, el vínculo existente entre el derecho a la vida y los restantes Derechos Humanos reconocidos universalmente es un factor relevante ante el creciente fracaso del Derecho Internacional en estas materias. La globalización económica ha asegurado la libre circulación de capitales en buena parte del mundo sin globalizar los derechos de las personas. Y con ello, el mundo sigue asistiendo a distintas situaciones de violencia, crisis humanitaria y parálisis política en el Derecho Internacional.

La parálisis y quiebra del Derecho Internacional con Rusia y su Estado predecesor no es algo nuevo. Se produjo, en un contexto muy diferente, con las invasiones de Hungría en 1956 y de Checoslovaquia en 1968. Tampoco el Derecho Internacional resultó especialmente eficaz en los 90 durante la terrible guerra en la antigua Yugoslavia, o en la ocupación y anexión rusa de la península de Crimea en 2014.

Desde mi punto de vista es necesario considerar que la globalización no está exenta de problemas estructurales que deberíamos abordar con solidaridad colectiva. Si el Derecho Internacional continúa su regresión en materia de Derechos Humanos, la economía y el poder acabarán (si no lo hacen ya) dictando sus normas a la sociedad y no al revés. Llegará un momento en que la democracia será irreconocible y los valores cívicos de los Derechos Humanos desaparecerán. Serán algo superfluo que el mercado devorará sin contemplaciones. Sin límites, la globalización económica es un gigante dispuesto a imponerse a nuestros sistemas políticos. Por ello, la ONU y la propia Unión Europea debieran reconducirse hacia el logro de la justicia y la paz. Con ello, han de contribuir a que el Derecho y la Justicia se globalicen junto con los Derechos Humanos para evitar usos descontrolados y neoimperialistas del poder político como el liderado por Putin.

La vinculación de la paz y el derecho a la vida de las personas es indiscutible en el plano teórico, pero también en la práctica real como estamos viendo durante la invasión de Ucrania. En primer término, porque la mayor amenaza para el derecho a la vida en el mundo viene representada por las situaciones bélicas y de sometimiento de pueblos y personas por la fuerza como es el caso. La guerra, incluso la mera amenaza con una acción bélica, es incompatible con la garantía del derecho a la vida de todas las personas. Sin embargo, el Derecho Internacional se sigue mostrando impotente para abordar política y jurídicamente la invasión rusa. Estas cuestiones siguen vigentes en el Derecho Internacional prácticamente desde 1945 e ilustran la deriva en la protección del derecho a la vida de todos, frente a la capacidad de algunos para ejercer cotas de violencia sobre terceros pisoteando la garantía de los Derechos Humanos universalmente reconocidos.

Así, tanto el Derecho Internacional como los Derechos internos reservan el monopolio del uso de la violencia a los Estados soberanos. Sin embargo, este principio del Derecho asentado en la historia no guarda sentido ni proporcionalidad con un mundo que ha superado el colonialismo y que dice haber adoptado como seña de identidad política y jurídica la protección integral de los Derechos Humanos. Entre otras razones de calado, porque son los propios Estados los que deberían desarrollar sus funciones de garantía de los derechos de las personas y no al revés. Son los propios Derechos los que actúan como pilar de la democracia; es la Administración la que se encuentra al servicio de las personas y sus derechos como ente instrumental de defensa del interés general. Por ello, ningún Estado puede situarse al margen de los Derechos Humanos de todas las personas.

De no ser así, nuestros Derechos Fundamentales acabarían supeditados a la libre decisión del sistema internacional o de un Estado concreto. Europa ha sabido reaccionar sobre lo anterior para mirarse al espejo con dignidad y una mínima coherencia. Es hora de reaccionar y reforzar el Derecho Europeo e Internacional para que despierte de su letargo.

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